Los rugbiers que asesinaron a Ariel Malvino y todavía siguen libres

Ariel Malvino fue asesinado a golpes en el balneario de Ferrugem, hace casi 16 años por tres turistas correntinos, todos ligados al mundo del rugby, quienes abandonaron Brasil después del crimen y todavía siguen libres.
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Ariel Malvino fue asesinado a golpes en el balneario de Ferrugem, hace casi 16 años por tres turistas correntinos quienes abandonaron Brasil después del crimen. Desde entonces la familia Malvino espera que haya justicia.

El juzgado a cargo de la investigación del crimen de Ariel Malvino, el joven que hace 16 años murió tras ser atacado a golpes en el balneario brasileño de Ferrugem, sigue abocado a la digitalización de los tramos principales de la causa, por lo que la familia de la víctima confía en que, en poco tiempo más, finalmente se llevará a cabo el juicio oral a los tres correntinos acusados, que al igual que los asesinos de Fernando Báez Sosa, también estaban ligados al mundo del rugby.

“El Juzgado de Santa Catarina está digitalizando las partes más importantes de la causa”, explicó Alberto Malvino, padre de Ariel, “la causa, con las demoras de siempre, no se detuvo durante la pandemia y los acusados apelaron la elevación a juicio ante el Tribunal Superior de Santa Catarina y ante la propia Corte Suprema en Brasilia”.

“Todas las apelaciones fueron rechazadas y se confirmó la sentencia de elevación a juicio oral. Sólo resta esperar la fecha para el debate”, indicó.

ASESINOS IMPUTADOS

Las defensas de Carlos Andrés Gallino Yanzi, Horacio Antonio Pozo y Eduardo Braun Billinghurst mantienen una postura hermética ante la prensa, tal como lo hicieron desde el inicio de la investigación, y desarrollan poca actividad en las redes sociales.

Según pudo reconstruir Télam de distintas fuentes del entorno de los acusados, Eduardo Braun Billinghurst (35) está casado, tiene dos hijos y maneja la firma “Nordemaq” junto a su hermano Lautaro -quien lo acompañó en las vacaciones de aquel verano 2006-, con quien vende maquinaria pesada como representantes de una marca internacional.

Mientras que la madre de ambos, Nidia Billinghurst, se convirtió en los últimos años en jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la provincia.

Por su parte, Gallino Yanzi (40) ya no vive Corrientes sino que se mudó a la provincia de Neuquén y está en pareja.

En tanto, Pozo (36) está casado y tiene dos hijos, y si bien es veterinario está abocado a una empresa constructora propiedad de su familia.

Su padre, también llamado Horacio, desde 2017 es diputado provincial de la alianza Encuentro por Corrientes, banca a la que llegó tras abandonar la Subsecretaría de Turismo que había ocupado a partir de 2014, cuando retomó su participación en cargos públicos luego de que en 2006 renunció justamente a ese puesto al conocerse que su hijo está implicado en la muerte de Malvino.

COMO SIGUE LA CAUSA

En octubre de 2019, el vicepresidente segundo del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina, Carlos Adilson Silva, habilitó los defensores la tramitación de un recurso especial de efecto suspensivo del debate que el 29 de noviembre de ese año les fue rechazado, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Gallino, Yanzi y Pozo serán juzgados por el delito doloso de “lesiones corporales con resultado de muerte”, mientras que Braun Billinghurst por “tentativa de homicidio agravado”.

Los imputados declararon en dos ocasiones ante la justicia, la primera había sido en 2007, cuando presentaron argumentos y testigos para sostener que son inocentes. Gallino, Yanzi y Pozo serán juzgados por el delito doloso de “lesiones corporales con resultado de muerte”, mientras que Braun Billinghurst por “tentativa de homicidio agravado”, ya que se le atribuye haberle arrojado una piedra a Malvino cuando éste estaba tirado en el piso luego de haber sido derribado a golpes por los otros dos sospechosos

En abril de 2016 de la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario solicitado por las defensas para declarar la nulidad de las indagatorias tomadas vía exhorto en el juzgado federal correntino a cargo de Juan Carlos Vallejos.

HECHOS

Ariel Malvino tenía 23 años la mañana del 19 de enero de 2006. Había decidido que antes de recibirse de abogado se tomaría unas vacaciones en el sur de Brasil. Y ahí estaba ese último día en la playa de Ferrugem, donde tres jóvenes correntinos le pegaron hasta matarlo.

Andrés Gallino empezó a golpearlo. Horacio Pozo, hijo del secretario de Turismo de la provincia de Corrientes, le dio una trompada desde atrás que lo hizo caer al suelo. La cabeza de Ariel golpeó contra una loza de cemento. Cuando estaba convulsionando en el piso, Eduardo Braun Billinghurst le tiró una piedra de 17 kilos.

A las pocas horas, los amigos de la alta sociedad correntina se fueron de Brasil. Hasta ahora nunca estuvieron detenidos. El encargado del bar y el dueño de la posada donde se estaban hospedando aportaron rápidamente los nombres y números de patente de dos autos.

Ariel Malvino era el hijo único de una familia de Palermo. Un día antes de su muerte, un grupo de argentinos estaban buscando a sus amigos para pelear. El 19, a las cinco de la mañana, se cruzaron en un bar de la playa. El lugar estaba lleno de fanáticos del surf.

Los dos grupos empezaron a discutir por fútbol. Ariel trató de calmarlos, pero le dieron un golpe que lo dejó tirado en el piso. Según los datos de la autopsia, la causa de la muerte fue el traumatismo craneoencefálico que le provocó el golpe en la caída.

Pasaron 45 minutos hasta que llegó la ambulancia a esa playa a la que sólo se llega atravesando morros, por caminos de tierra. En Garopaba nadie podía atenderlo, así que lo llevaron a 30 kilómetros al sur, a Imbatuba. Murió 45 minutos después, de un paro cardíaco.

En enero de 2007, la jueza de Garopaba, Elianne Alfredo Cardoso, hizo lugar a la acusación que el fiscal Fabio Fernández de Oliveira Lyrio formuló contra los tres correntinos, pero no los detuvo.

Cuando se supo quiénes eran los sospechosos identificados por la justicia brasileña, varios jueces y fiscales correntinos pidieron no intervenir en la causa. Conocían a las familias de los acusados.

La investigación estuvo paralizada durante dos años porque no se traducían las declaraciones de los acusados del castellano al portugués. La demora en la investigación se acentuó aún más cuando, por medio de la ley 11.689/08, en Brasil se modificó el Código de Procedimiento Penal en los denominados delitos contra la vida.