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Linares lidera el Bloque Patagónico que se reúne en Comodoro para frenar el brutal ajuste de Macri

Por Rodolfo Nahuel Peña (Exclusivo/El Extremo Sur).

Comodoro Rivadavia se convertirá este viernes en uno de los principales polos de rechazo al ajuste de Macri y el FMI. Políticos y dirigentes sindicales se darán cita para coordinar un plan que les permita enfrentar el ajuste brutal de más de $22.000 millones en recortes que el Gobierno nacional quiere imponerle en la Patagonia.

Con el intendente comodorense Carlos Linares como anfitrión y líder visible desde Chubut, 150 referentes de primera línea –intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y sindicalistas– de la región patagónica buscarán hacer visible una contundente demostración de fuerza para que el macrismo acuse recibo del creciente rechazo social hacia las políticas de ajuste que la gestión nacional de Cambiemos quiere imponerle a la Patagonia.

Confirmaron su presencia en el segundo cónclave contra el ajuste los tres senadores nacionales por Chubut –Juan Mario Pais, Nancy González y Alfredo Luenzo-  y otros cuatro senadores de provincias de la región; el sindicalista petrolero Jorge Ávila, el ex jefe de gabinete Alberto Fernández y la diputada rionegrina María Emilia Soria. También confirmaron su asistencia las legisladoras Ana María Ianni de Santa Cruz, Norma Haydeé Durango de La Pampa y Magdalena Odarda de Río Negro.

El jefe comunal de Comodoro –quien se ha puesto al frente del rechazo de los patagónicos desde el inicio de su mandato como intendente de una de las ciudades emblemáticas del sur– expresó luego del encuentro realizado el 10 de agosto en Bariloche que “los patagónicos nos levantamos contra las políticas de ajuste nacional” y anticipó que “este encuentro ya se hizo en Bariloche, con mucho éxito, ahora será en Comodoro y seguirán Neuquén, Ushuaia y Calafate y La Pampa, por lo que seguimos fortaleciéndonos y más con la presencia de Alberto Fernández que nos va a acompañar”.

“El sindicalismo de Comodoro es una pieza fundamental de este bloque porque son el sensor de la crisis económica, sobre todo por la pérdida de los puestos laborales que hemos sufrido en los últimos tiempos. Ellos saben lo que está pasando la clase obrera, los problemas que sufrieron y los que tienen que afrontar, sobre todo porque muchas de las fuentes todavía no se han podido recuperar”, afirmó Linares.

El gobernador chubutense Mariano Arcioni, quien anunció una presentación judicial contra la quita del fondo sojero y recibió el acompañamiento del presidente del Bloque Justicialista de senadores Miguel Pichetto, aseveró que “queremos que se mantengan los derechos adquiridos por todos los chubutenses. No vamos a permitir que prospere el ajuste más grande de las últimas décadas en la Patagonia”; aunque no está confirmada su presencia de hoy en Comodoro Rivadavia.

La dimensión del recorte

A partir del relevamiento exhaustivo que El Extremo Sur publicó la semana pasada, el recorte que el presidente Mauricio Macri quiere ejecutar en las provincias patagónicas llegaría a los 21.800 millones de pesos; de los cuales 5.400 impactarían de lleno en Chubut, para de esa manera transformarla en la provincia más afectada por el ajuste.

Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron recortar el gasto público nacional en 300.000 millones de pesos para el Presupuesto 2019, de los cuales 100.000 millones se direccionarían hacia las provincias y generarían importantes pérdidas de ingresos para las administraciones provinciales; pero la transferencia del ajuste tiene además como finalidad de presionar a los gobernadores para que queden atados a los fondos coparticipables y se vean en la obligación de acompañar –junto a sus legisladores nacionales- las políticas de Cambiemos.

La danza de las tijeras incluyen los recortes en los fondos de la zona desfavorable para las asignaciones familiares patagónicas (10.600 millones de pesos); la eliminación del Fondo Sojero (3.400 millones); la transferencia del incentivo docente (2.700 millones); el traspaso del FoNaVi (3.000 millones); y el achicamiento a la mitad de los subsidios al transporte público de pasajeros (700 millones).

Aunque en las últimas horas se supieron algunos otros ítems que serían ajustados como los fondos nacionales que cubren los subsidios al gas en la Patagonia, incorporando un recorte que rondaría los 7.000 millones de pesos; y hasta se rumorea la eliminación definitiva del beneficio a las naftas en el sur que otorga el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), el que dicho sea de paso cada vez es de menor incidencia porcentual.

A todos estos rubros mencionados que se verían afectados por la poda macrista, se le sumaría el de la obra pública; la que en la Patagonia ya fue reducida en 1.400 millones de pesos durante el primer semestre del año, pero que podría terminar resultando un achicamiento de fondos que llegaría a los 13.600 millones anuales.

Dividir para reinar (con la billetera)

La jugada del devaluado macrismo al que los mercados ya no le creen ningún tipo de anuncio –como se hizo evidente ayer tras el mensaje del propio Presidente– y cuando la disparada del dólar parece no tener fin, apunta a dos objetivos principales. Por un lado, pretende consolidar las metas de achicamiento del gasto público nacional con un importante traslado del costo político a las provincias y trasladarle el peso del ajuste a los usuarios, trabajadores y sectores más desfavorecidos de la Patagonia convirtiéndola en una auténtica zona de sacrificio tanto ambiental como económica.

Por el otro, se propone cooptar a los gobernadores con la billetera de la coparticipación con vistas a sumar acompañamientos con la mirada puesta en las elecciones del año que viene.

Frigerio recorre el país tratando de seducir mandatarios provinciales para que desdoblen las elecciones de 2019 y prometiéndoles la instalación de candidatos débiles por parte del oficialismo. Todavía no ha habido manifestaciones públicas de Arcioni al respecto, aunque mantiene su intento de armado con el imprevisible intendente de Trelew Adrián Maderna.

Macri y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presionan a los mandatarios provinciales para imponerles una serie de ítems que apuntan a un recorte de 100 millones de pesos; pero a la par les aumentaron los ingresos coparticipables en el 45%, por encima de la inflación del 31% anual, como consecuencia de la firma del Pacto Fiscal.

Con ese mecanismo el macrismo consiguió dividir a los gobernadores patagónicos en tres grupos: los que se enfrentan directamente al ajuste (Chubut), los que tibiamente dicen rechazarlo (Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa) y los que no están dispuestos a jugársela contra los recortes (Neuquén y Río Negro).

Endeudadas pero con flujo de caja

Todas las provincias patagónicas venían arrastrando profundos problemas fiscales en el último año, tanto fue así que en el primer semestre de 2017 Chubut cerró con un déficit financiero de 3.779 millones de pesos; Neuquén con 3.466 millones; Santa Cruz con 2.791 millones; Río Negro con 536 millones y Tierra del Fuego con 32 millones de pesos.

A ese rojo panorama en las cuentas públicas deficitarias, se le deben agregar los enormes endeudamientos provinciales, que durante el primer trimestre del 2017, llegaron a 19.500 millones de pesos en Neuquén; 18.500 millones en Chubut; 9.100 millones en Santa Cruz; 7.700 millones en Río Negro; 2.900 millones en Tierra del Fuego; y 1.000 millones de pesos en La Pampa.

Con el nuevo Pacto Fiscal firmado con Nación, casi todas las provincias patagónicas consiguieron superávits fiscales en el primer semestre de año -salvo Santa Cruz que tuvo un déficit de 548 millones de pesos- con resultados positivos de 2.013 millones en Río Negro; 965 millones en Chubut; 618 millones en Neuquén; y 472 millones de pesos en Tierra del Fuego.

Dependiendo de los mayores ingresos por coparticipación y con tan altos niveles de endeudamiento, pero con la presión de encaramarse detrás del macrismo con vistas a las elecciones del 2019 y sus propias apetencias electorales, los gobernadores tendrán por delante la difícil decisión de poner la cara frente a los habitantes de sus provincias, a la hora de transferirles el ajuste de manera directa con la posibilidad que se extiendan los conflictos sociales como aconteció en Chubut con los trabajadores docentes y estatales.