En la audiencia accedió voluntariamente a declarar el imputado negando su participación en el hecho. En su alegato la fiscal aseguró que ha quedado probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del mismo en cabeza de Gómez; al igual que la querella. En contraposición la defensa requirió la absolución de su pupilo. Finalmente los jueces integrantes del tribunal pasaron a deliberar y el próximo viernes 4 a las 13.00 hs. darán a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

El tribunal fue presidido por Alejandro Soñis e integrado por Daniela Arcuri y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la querella por Olga Figueroa. La defensa de Gómez fue ejercida por Lilian Borquez, defensora oficial del mismo.

En su declaración el imputado Gómez sostuvo “que no mantenía una relación de pareja con la víctima, sino que era un vínculo amoroso ocasional”. Ella sufría de “ataques de ira y pánico y frecuentaba la noche, asi la noche del 28 de agosto se despiden y ya no tuvo más contacto con ella”. El 3 de septiembre se entera lo que sucedió por medio de su hermana, refirió Gómez. También que sabía que lo estaban siguiendo por una denuncia anterior de Yanina, ya que habían tenido una pelea física por el robo de alhajas. Luego se conecta con un abogado y “se presenta en la Brigada porque no tenía nada que esconder”.

En su alegato la fiscal Dagotto sostuvo que ha quedado demostrado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del hecho. Todo ha sido confirmado con la declaración del imputado, menos el hecho. La víctima ya el 29 de agosto no contestaba los mensajes, es decir ya estaba sin vida. La autopsia determinó que su deceso había sido cuatro días antes. El imputado era una persona celosa que le revisaba el celular a la víctima, y ésta fue atacada cuando ingresó a su domicilio ya que fue abordada y no alcanzó a sacarse ni la campera, ni el morral. A las 3.30 hs. arribó a su casa y fue atacada por su victimario. Ha quedado probada la autoría de Gómez por indicios de presencia de éste en el lugar del hecho. Fue la última persona que estuvo con la víctima cuando estaba con vida, hay un video que se los ve caminando por Av. EEUU. Indicios de participación, la víctima recibió más de 87 puñaladas, se ha demostrado que la única persona que tenía confianza con Yanina era el imputado Luis Gómez, aseguró la fiscal. Asimismo, existen indicios de personalidad y de conducta precedente por una denuncia de la víctima anterior donde Gómez la había desfigurado la cara. Todos los testigos refirieron las agresiones que sufría la víctima por parte de Gómez y que había una relación de pareja entre ellos. Hubo indicios subsiguientes de conducta ya que se limpió la escena del crimen y la víctima, refirió la forense, recibió más de la mitad de las lesiones en vida, es decir sufrimiento innecesario, ensañamiento. El hecho fue cometido mediando violencia de género ya que Gómez le revisaba el teléfono, había violencia previa, acoso, la dominaba y trataba como una cosa. Ella lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar, pero volvía el circulo de violencia. Solicitando al tribunal lo declare a Gómez penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor”.

La querella también alegó que ha quedado demostrada la materialidad como la autoría del hecho en cabeza de Gómez. Valorando la condición de vulnerabilidad de la víctima que fallece por una muerte traumática. El imputado se entrega antes de ser sindicado y mintió en que no tenía celular. La última persona con la que fue vista Yanina fue su agresor que ingresó con ella al domicilio, no de manera forzada y esa persona es Luis Gómez. Solicitando se lo declare responsable de homicidio agravado por el vínculo, con ensañamiento y por femicidio.

La defensora expresó que “no existe el crimen perfecto, sino que hay malas investigaciones. Ninguna de las partes acusadoras ha acreditado el estándar que se exige a esta altura del proceso”. No se cuestionó los agravantes sino la autoría. No se probó la relación de pareja, si una relación de carácter sexual, aseveró la defensora. “Estas falencias no permiten afirmar la calidad de pareja” y “tampoco se acreditó acabadamente la violencia de género, el femicidio, la relación desigual de poder”. Claramente no se puede exceder las explicaciones lógicas al valorar la violencia de género. Tampoco se acreditó el ensañamiento expresó la defensora, “en la escena del hecho hay dos momentos para concluir con la vida y no para generar mayor sufrimiento”. No se da la sumatoria de indicios para concluir que el autor fue Gómez. Solicitando por todo ello la absolución de Gómez.

Pasado el mediodía del presente miércoles el tribunal de debate compuesto por los jueces Mariel Suárez, Raquel Tassello y Alejandro Soñis dio a conocer su veredicto en relación homicidio de Roberto Martín Nahuelquir, acontecido el pasado 25 de agosto de 2019, en el barrio Máximo Abásolo.

En la audiencia pasada de alegatos finales la fiscal solicitó se declare a Quiroga penalmente responsable por el hecho, al igual que la querella. Por su parte la defensa requirió su absolución.

Los jueces en relación al veredicto de responsabilidad expresaron que “no fue cuestionada en el juicio la materialidad del hecho, la muerte violenta de Martín Nahuelquir, sino la autoría del mismo en cabeza del imputado”. El cadáver de Martín Nahuelquir fue encontrado en el techo de su casa, la autopsia de la Dra. Bevolo y el hecho previo al homicidio por un presunto hecho delictivo de robo. Esto origina una especie de trifulca entre familias del barrio, que comienzan a arrojar piedras contra la casa de Nahuelquir y en ese momento aparece un tirador que se posiciona dentro de este grupo. Nadie le vio el rostro. El testigo único dice que no le ve el rostro, sino que lo conoce por la forma de caminar. Desde el inicio de la investigación existieron múltiples hipótesis, con varios autores. Y “el testimonio único no se apoya en ninguna otra prueba y la investigación dejó vigentes estas múltiples hipótesis” concluyó el tribunal.

Por todo esto, por unanimidad, los jueces integrantes del tribunal resolvieron absolver al imputado Martín Quiroga, por el beneficio de la duda y decretaron su libertad.

El tribunal colegiado de debate fue presidido por Mariel Suárez e integrado por Raquel Tassello y Alejandro Soñis, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cecilia Codina, fiscal general. La querella fue ejercida por Francisco Miguel Romero y la defensa del imputado por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

De forma semipresencial se llevó adelante la mañana de la fecha la audiencia de cesura o imposición de pena en el juicio por lesiones leves agravadas y amenazas a Lorena Paredes que tiene como declarado responsable a Luis Vidal. La fiscal solicitó, en base a las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Vidal; en tanto que la defensa un año de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, tratamiento psicológico y prohibición de acercamiento con tobillera electrónica. Finalmente el juez integrante del tribunal pasó a deliberar y el próximo martes 22 de junio, al mediodía, dará a conocer su veredicto de pena.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Ivo Di Taranto y Lilian Borquez, defensores públicos.

La fiscal en su alegato de pena recordó que ya Vidal fue declarado autor penalmente responsable por el delito de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género, y amenazas”. Se debe considerar la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad para establecer la pena dentro de una escala penal de 6 meses a 4 años de prisión. Debemos tener en cuenta la intensidad o gravedad del injusto, como la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla. Éste fue un hecho de violencia extrema, un hecho brutal, que si bien fue catalogado como lesiones leves hubo una sucesión de golpes con distintos medios y esto debe ser considerado como agravante de la pena, agregó la fiscal Blanco. También se debe considerar la violencia psicológica ejercida como las amenazas con prenderla fuego, sabiendo del miedo de la víctima al fuego. El doble agravante del delito, de la relación de pareja y el contexto de violencia de género, nos permite alejarnos del mínimo de la escala penal. El daño psicológico en la víctima, al día de hoy casi tres años después del hecho, no ha sido superado, esto también debe ser considerado como agravante; como también la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir. “Nada justifica el ataque que sufrió Paredes en ese momento”. Como único atenuante la fiscal consideró la falta de antecedentes penales de Vidal. En función de todo esto solicitó la pena de 3 años y 6 meses de prisión para el imputado.

Por su parte los defensores expresaron que es distinta la escala penal que maneja la defensa, de seis meses a dos años de prisión, en virtud del concurso de los delitos. “No hubo explicación de porqué se cambia de criterio respecto del concurso de delitos, de real a ideal, desde el alegato de apertura al alegato de clausura. Esto afecta el principio del derecho a defensa en juicio” argumentaron los defensores. En igual sentido argumentaron que “el fin de la pena es la resocialización” de la persona, y “no un castigo”. Se debe tener en cuenta el comportamiento posterior de su asistido ya que no existe ningún incumplimiento”, concluyeron los defensores. Por lo cual pidieron “un año de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, tratamiento psicológico y prohibición de acercamiento con tobillera electrónica” para Vidal.

Finalmente el juez integrante del tribunal pasó a deliberar y el próximo martes 22 de junio, al mediodía, dará a conocer su veredicto de pena.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

Hoy lunes 10 de mayo, está previsto que se conozca el veredicto final contra los 8 imputados en la Causa “Revelación”, se trata de siete ex funcionarios públicos provinciales de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves y de un empresario de la construcción.

Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Luthers, Gonzalo Carpintero Paterson y Martín Castillo ya fueron encontrados culpables, por el pedido de “coimas” a empresas constructoras, que en su momento fueron beneficiadas por la suspensión del juicio a prueba.

Víctor Cisterna el ex ministro de coordinación de gabinete de la provincia del Chubut durante parte de la tercera gestión de Mario Das Neves, será quien probablemente sufra la condena más dura a tenor de lo solicitado por los fiscales investigadores de la causa “Revelación”. Además de hacerse cargo de las costas de la investigación y la inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, para el ex ministro los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, pidieron siete años y medio de prisión.

Los fiscales de la causa “Revelación” pidieron al tribunal del Juicio que Gonzalo Carpintero, ex secretario privado de Mario Das Neves, pague casi 12 millones y medio de multa y que además se le decomise una casa que había construido en Trelew, valuada en 50 millones de pesos.

Para Diego Correa los fiscales  pidieron la pena de 5 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento,  inhabilitación perpetua para ejercer cargo público y la expresa condena por las costas del proceso.

Para Alejandro Pagani que sea condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, con expresa condena sobre las costas del proceso

Para el ex ministro de economía de Mario Das Neves Pablo Oca que, pague tres millones de pesos en 10 cuotas que serán destinadas a entidades civiles sin fines de lucro. A la condena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, se le suma que abone parte de los costos que demandó la investigación y el proceso judicial.

Para Martin Bortagaray, ex titular del Instituto Provincial de la vivienda,el fiscal Marcos Nápoli pidió la pena de 4 años y seis meses de prisión, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público y con la expresa condena sobre las costas del proceso.

Para Martìn Castillo, único empresario que quedó en la causa, la fiscalía pidió al Tribunal  la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicional, como la expresa condenación de costas del juicio a su cargo.

Para Diego Luters pidieron la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa condenación de las costas del proceso, de acuerdo a lo establecido por el art. 210 del CP.