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Irregularidades y presuntos sobreprecios en las contrataciones del Ministerio de Educación

La causa judicial, caratulada como “Ministerio Público Fiscal s/ defraudación Ministerio de Educación”, está a cargo de los fiscales de la Unidad de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez y Alex Williams.

Los procedimientos se realizan en el despacho del subsecretario del Ministerio de Educación, en las empresas Lada SRL, Ramida SRL, Gefer SRL, Calypso revestimientos, y en los domicilios de los monotributistas Jorge Santucho, Félix Currumil y Daiana Henriquez.

Los fiscales buscan teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación sobre las oraciones realizadas por los monotributistas y las empresas Lada, Ramida, Calypso y Gefer con el Ministerio de Educación.

La causa se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales. La calificación jurídica inicial que investigan los fiscales es la de “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

LA MANIOBRA

A principio de año, la Ministro de Educación Graciela Cigudosa, por medio de la nota, solicitó que se envíen Partidas Extraordinarias a los Establecimientos Educativos “en la necesidad de realizar los servicios de mantenimiento en dichas Instituciones Educativas para garantizar el buen funcionamiento de los mismos”. En febrero, Cigudosa emite dos resoluciones asignando partidas extraordinarias para el mantenimiento de los establecimientos educativos. Una por $7.404.079 y la segunda por $1.844.595.

Las empresas contratadas para llevar adelante las obras fueron seleccionadas por el propio Ministerio de Educación. Se trataba de las empresas Ramida SRL, Lada Construcciones SRL, ambas con el mismo domicilio legal, Gefer SRL, Calypso Revestimientos SRL. En otros casos aparecen monotributistas.

“Este año fue la primera vez que se contrató a empresas para este tipo de obras menores, ya que siempre fue Obras Públicas el encargado de llevar adelante este tipo de trabajos como el cambio de cerraduras, luces, reparación de pérdidas en los baños, limpieza de caloramas”, indicaron los testimonios recogidos por los fiscales.

MANIOBRA

Para los fiscales, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento en las distintas escuelas”. Y la misma se llevó a cabo en el propio Ministerio de Educación.

“El trabajo realizado por los contratistas tiene como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas, cambio de cerraduras, cambio de tubos fluorescentes, arreglos menores en baños como pérdidas de agua, etc. Lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron Rodriguez y Williams, a cargo de la causa judicial.

Con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras. Así se confeccionaron falsas cotizaciones entre personas estrechamente vinculadas entre sí.  (Socios, parejas, pariente, empleados de las propias empresas, etc.) “quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tuvieran un precio similar ­excesivo e injustificado”, indicaron los investigadores en su escrito.

IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS SOBREPRECIOS

Las cotizaciones de las distintas empresas todas tienen la misma fecha: 16/01/19, un mes antes de la resolución ministerial donde se asignaran las partidas.

No surge como fue el procedimiento de invitación a cotizar a dichas empresa.

Surgen sobreprecios. Por ejemplo, tablas para el baño se facturaron por encima de los dos mil pesos, cuando en el mercado tiene un costo de 200. La limpieza de caloramas facturaron por más de 6000 cada uno, cuando en el mercado surge que tiene un costo de 500 pesos.

Hay casos que las empresas hicieron lo que ya venía digitado desde el Ministerio, no coincidiendo con la verdadera necesidad de las escuelas. Otros supuestos que ni siquiera terminaron con los arreglos.

Se dio un caso que tenía que cambiar una reja del frente de la escuela, y colocaron una reja usada oxidada, etc.

Algunas de las facturas presentadas eran de numeración 0000001.

También surge que habrían falseado cotizaciones. En una compulsa, dos empresarios dijeron que no participaron de la misma, “y a serle exhibidos las cotizaciones obrantes en la documentación halladas en el Ministerio de Educación, ambos dijeron no reconocer ni los documentos, ni las firmas allí estampadas”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal