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Sociedad

Elevan a juicio la causa del IPV contra Abel Reyna: “Se pudo hacer el trabajo y probar este circuito de entrega ilegal”

La fiscal Camila Banfi en comunicación con Actualidad 2.0 explicó que se eleva a juicio la causa del IPV contra Abel Reyna. Además dio detalles de la causa, entre ellos nombres de los imputados y el “máximo potencial” de condena.

“Personas que no cumplían con los requisitos de ley, y después hay una serie de favores, cohecho activos y pasivos y trafico de influencia. Es un juicio unipersonal, suspenso de cargos públicos. No puedo adelantarme a dar una pena. El arquitecto Trovant quien hizo la denuncia, en ese momento estaba bajo las directivas de Martín Buzzi y se ofreció un informe que está firmado por el entonces vicegobernador. Es una especie de documentación donde ofreció el Ejecutivo al Legislativo todas las viviendas y allí están las 81 viviendas de la causa. Ofrecieron al señor Almirón como testigo de parte, ofrecido por los imputados, en su carácter de concejal no tiene imposibilidad de ir al debate. Gente perjudicada para acceder a vivienda digna por esto. Esto está vedado para funcionarios públicos, si o si van a juicio publico” dijo Banfi.

Asimismo agregó “En esta instancia de audiencia preliminar hemos decidido que la causa se eleve a juicio, es importante que los testigos asistan al debate, los empleados, es fuerte desde que se cuestionó esta tarea administrativa, es importante que las personas vengan a decir qué sucedió. En esta instancia se tiene que escuchar a los testigos de la defensa como del Ministerio Público Fiscal. Siempre las causas judiciales demandan un trabajo, es muy difícil para el MPF tener que allanar el IPV, el fiscal tiene la obligación de entregar ordenes de entrega, en este caso fue un proceso largo, tuvimos que hacer allanamientos en el Instituto, ver legajos, se pensaba que la Fiscalía iba a asignar las viviendas”.

Por otra parte, Banfi destacó “Tuvimos el acompañamiento de la planta de Rawson. Arrancamos con una causa que era mucho más amplia, decidimos acotarla a las 81 viviendas de Ciudadela porque podíamos contar con la prueba testimonial, en esas viviendas van a a ir familias que podrían haber participado del circuito, se pudo hacer el trabajo y probar este circuito de entrega ilegal”.

Al ser consultada por los cargos, respondió “Tenemos cuatro hechos, uno de asignación ilegal de plan de vivienda, lo que se hace es modificar las planillas, puntaje, saltearse el puntaje, después tenemos hecho 2 y 3 cohecho activo y pasivo y pedir plata, está la entrega de casa por favores, dádivas, y por último haber hecho caso omiso a las impugnaciones de personas que se presentaron al Instituto diciendo que incumplían con los requisitos e igual se hizo. En realidad iba directamente a ejercer influencia, hay testigos que dicen que los legajos no pasaban por Rawson”.

Además la fiscal remarcó “Acá no le dimos suspensión de juicio a prueba a ninguno, en el caso de los particulares que pagaron los calificamos como una sanción impenalmente. Distinto es de las casas que recibieron sus colaboradores de manera ilegal, a estas personas si se les imputa de cohecho activo. En el delito de sanciones ilegales actúan como victimas, uno de los testigos señala que su necesidad era tan imperiosa y le piden dinero, el considera que era para acelerar el tramite, es importante escuchar a los testigos, por ahí toda la investigación genérica que cuestionan también otras entregas. Nos abocamos a las 81 viviendas, no pudimos probar que las personas pagaron pero si que se entregaron sin cumplir los requisitos. En el caso de los que entregaron dinero se los considero como exenciones porque pensaron que adelantaba el tramite, no cumplía con la totalidad de los requisitos”.

Al explicar el sistema de puntaje para obtener la vivienda, Banfi relató “la normativa del puntaje no es algo antojadizo, si se vulnera ese puntaje que dice la situación económica, social, a media que tenes más problemas se te agrega puntaje, situaciones sociales de vulnerabilidad te dan puntaje. Debe respetarse el puntaje, se hace con puntaje porque son viviendas sociales”.

A juicio van Abel Reyna, Dario Acosta, Vanesa Consoli Medina y Raquel Antimilla.

Por último, Banfi aseguró que la fecha para el juicio “se va a fijar rápido, pedimos que sea un tribunal unipersonal, se pide la inhabilitación perpetua para los ejercicios de cargo, independientemente de la pena que se aplique. El máximo potencial es de 6 años. Las defensas plantearon sus pruebas, no es apelable, ya directamente el encuentro sería el debate”.

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