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Sociedad

Causa Revelación “Va a haber nuevos procedimientos, no sé si detenciones pero si imputaciones”

Así lo afirmó el Fiscal Hector Iturrioz en diálogo con Nuestras Mañanas en el marco de la “Causa Revelación” que involucra a ex funcionarios gubernamentales y empresarios, imputados por “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años; aunque para los jefes de esa organización, pueden ser castigados hasta con 15 años de encierro.

“El proceso avanza todo el tiempo. Estoy conforme. Va a haber nuevos procedimientos, no se si detenciones pero si imputaciones. Nuevas causas también” destacó el Fiscal al ser consultado por nuevos procedimientos para el avance de la causa.

Respecto a la situación de Juan Villegas, a quien se le dictó la libertad, dijo “Se habló del entorpecimiento (de Villegas) y que estaban confabulando. Se va a evaluar minuto a minuto la situación de Villegas”.

Al avanzar la Causa Revelación, el fiscal Iturrioz dijo que se percibe un clima complicado y se sabe “El clima que se percibe es como que va a haber una especie de venganza, como en toda organización criminal”.

En cuanto a los recursos con los que cuentan como institución remarcó “Con los recursos estamos limitados como trabajamos habitualmente y si, vamos a pedir ayuda a las instituciones”.

PREVENTIVA

El Juez Sergio Piñeda dispuso la continuidad de la prisión preventiva para los ex funcionarios provinciales Victor Cisterna, Gonzalo Carpintero y Pablo Oca.

El juez también dispuso la prisión preventiva para los empresarios Patricio Mussante y Federico Piccione, y el periodista Andrés Ninin.

Por su parte, impuso arresto domiciliario a Juan Salaberry, Esteban Torraca, Oscar Peña y Daniel Russo, y dictó la libertad para Juan Villegas.

Respecto a Diego Correa y Diego Luthers, la medida de coerción también continuará, ya que además están detenidos en la causa denominada “El Embrujo”.

Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años; aunque para los jefes de esa organización, por lo que puede ser castigado hasta con 15 años de encierro.

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