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Sociedad

Causa Embrujo: Seguirán todos detenidos hasta el juicio oral y público

En una maratónica audiencia en el marco de la causa “Embrujo”, el Juez Sergio Piñeda resolvió que los cinco imputados, Mc Leod, Ramón, Souza, Gatica y Luther continúen cumpliendo con prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

Por su parte, Diego Correa presentó un escrito solicitando seguir detenido. Lo mismo hizo Sandro Figueroa. Los fiscales argumentaron el peligro de fuga de los imputados.

Rodríguez y Williams expusieron durante casi cuatro horas los peligros procesales de los siete imputados, a los que se sumaron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Las defensas, en cambio plantearon profundos reparos a que sus clientes continúen detenidos.

Los fiscales focalizaron sus alegatos en la asociación ilícita y en el rol de cada uno de los integrantes dentro de este esquema presuntamente defraudatorio.

Detallaron con precisión el desempeño de cada uno de los imputados y se ampararon en las penas efectivas para requerir la continuidad de las prisiones preventivas. Cabe destacar que la imputación presentada por los fiscales ilustra condenas de más de cuatro años en todos los casos. «Pasamos del grado de sospecha a la alta probabilidad», esbozó Williams.

Los abogados Fabián Gabalachis (Mc Leod); Omar López (Ramón); Patricio Romero (Gatica); Damián D’Antonio (Souza); y Lisandro Benítez (Luthers) delinearon diferentes estrategias para morigerar la medida de coerción.

A los pedidos de los abogados defensores, por “deterioro psicológico y mental” en los casos de Natalia Mc Leod y Daniela Souza, el juez Piñeda resolvió no conceder la prisión domiciliaria, argumentando que “no están dados los elementos” para otorgarla.

Para el caso del resto de los imputados, Piñeda aclaró que las medidas de coerción deben ser excepcionales. “Estamos hablando de dinero público que servía para beneficiar a un grupo. La pena que se espera es clave. Los peligros procesales están latentes. La acusación final de los fiscales aumenta la probabilidad de los peligros procesales”, sentenció el juez.

«LA SEDE DE LA BANDA ESTABA EN FONTANA 50»

«La sede de esta banda delictiva estaba en Fontana 50. Cuando tenían que buscar dinero lo hacía en Casa de Gobierno. Pagaban en Casa de Gobierno», dijo Williams.
Por su parte, Rodríguez aseveró que cada uno de los partícipes «tenían perfectamente conciencia de que pertenecían a un grupo delictivo para beneficiarse del Estado».
La parte acusatoria se metió de lleno en el ámbito político y formuló que «cuando se vislumbraba que Das Neves iba a ganar las elecciones, Mc Leod sale del directorio y la reemplaza Sandro Figueroa, su tío materno».

«Armaron una asociación ilícita para cometer delitos en la administración pública. En 2013 empezó a funcionar esta banda», dijo Rodríguez, quien agregó que «tenían grandes lazos con el poder provincial y con los municipios. Correa era el jefe de la banda que se encargó de reclutar personas y distribuyó tareas y dinero».

VALES DE NAFTA DEL ESTADO

El fiscal Williams ventiló nuevas operatorias que materializaban algunos de los integrantes y que reflejan el uso del Estado como «un botín».

«El grado de desparpajo era notable. Souza y Figueroa pedían vales de nafta para las camionetas de las empresas. El Estado pagaba la nafta para las camionetas de empresas de Correa», disparó Williams.

En la misma sintonía, relató que Daniela Souza «iba constantemente a Casa de Gobierno a buscar dinero» y reflejó que había dos pintores que fueron contratados para el Estado, «pero los hacían trabajar en la construcción de la casa en Playa Unión y en los dúplex de Correa».

Otro de los datos controversiales que aportaron los fiscales para demostrar el mecanismo que utilizaban los imputados, fue cuando se refirieron a una obra que se realizó en Casa de Gobierno.

«Para los pisos del Salón de los Constituyentes Luthers le envió un mensaje a Ramón pidiéndole que arme dos presupuestos con los montos ya fijados. En esa licitación participó Dual Core y Concretando (empresa de Ramón)», precisó Williams.

La firma Concretando participaba en todas las compulsas de precio para simular licitud en el proceso, aunque siempre presupuestaba por encima de Dual Core.

UNA VIDA DE LUJOS 

«Diego Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificable su patrimonio durante el tiempo que fue funcionario público por encima de los treinta y cinco millones de pesos», sostuvieron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez al culminar la etapa de investigación del caso «El Embrujo». Se encontraron con más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehículos.

Por eso además de la acusación de jefe de una asociación ilítica, también se le imputa enriquecimiento ilícito. «Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial», indicaron en la acusación.

Detallaron los fiscales que «de las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; Camioneta Volkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4».

Además de los bienes descriptos, Correa «ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros».

Fuente: El Chubut

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