Rechazan por inconstitucional devolución en cuotas del Impuesto a las Ganancias

Por ello, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó junto a una veintena de legisladores de distintas provincias un proyecto de Resolución para que el Congreso rechace uno de los artículos de la reglamentación de la ley aprobada hace dos meses.

  • Publicado el viernes 28 de mayo de 2021 en Política

Junto a veinte legisladores de distintas provincias, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó un proyecto de Resolución por el cual rechazó, por considerarlo inconstitucional, uno de los artículos de la reglamentación que el Ejecutivo hizo de la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias, y por el cual los plazos de la devolución serán determinados por la AFIP.

El proyecto, presentado este jueves, contó con el acompañamiento del presidente del interbloque UCR-Juntos Por el Cambio, Mario Negri (Córdoba), y de los diputados Brenda Austin (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Carlos Fernández (Buenos Aires), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Hugo Romero (Córdoba), Albor Cantard (Santa Fe), María Soledad Carrizo (Córdoba), Gabriela Lena (Entre Ríos), Ximena García (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), Martín Berhongaray (La Pampa), Lidia Ascárate (Tucumán), Claudia Najul (Mendoza), José Cano (Tucumán), Ricardo Buryaile (Formosa), Diego Mestre (Córdoba), Federico Zamarbide (Mendoza) y Gonzalo del Cerro (Santa Fe).

El proyecto dispone que el Congreso rechace “los términos del artículo 9 párrafo segundo del decreto 336/2021 por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la ley 27.617 que modificó la Ley del Impuesto a las Ganancias”, ya que “pretende que el reintegro del impuesto retenido en exceso de los salarios de los trabajadores desde enero de 2021 sea efectuado en plazos a definir por la AFIP”.

Esto, indica, constituye “un exceso de la reglamentación que contradice los límites impuestos por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, que veda toda posibilidad de alterar el espíritu de las leyes con excepciones reglamentarias”.

En el proyecto se recuerda que la reglamentación se realizó esta semana, el 25 de mayo, con dos meses de demora con respecto a la aprobación de la ley por parte del Congreso y por la cual se da lugar a quitar del universo de contribuyentes a más de 1,2 millón de empleados en relación de dependencia.

“Como en este caso el ejercicio fiscal del impuesto a las Ganancias corre del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, la reforma opera desde el primer día de este año”, se indica en la fundamentación en la cual además se deja en claro que “no solo deben cesar las retenciones mensuales que se practican sobre los sueldos de los que dejan de ser contribuyentes, sino que debe redeterminarse el impuesto pagado, hacer el ajuste por aplicación de las nuevas pautas y proceder a reintegrar lo retenido en los sueldos de enero a la fecha”.

Sin embargo, el artículo 9 del decreto 336/21 establece que “la suma en exceso que pudiere resultar de comparar el importe efectivamente retenido hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto con el que hubiera correspondido retener considerando las modificaciones a las que se alude en el párrafo precedente, en su caso, se restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que establezca el mencionado organismo”, en referencia a la AFIP.

“Esto significa -se argumenta- que el decreto pretende que la devolución se efectúe en plazos, sin especificar cuáles serían y difiriendo esa determinación en la AFIP”, lo cual “supone un perjuicio cierto para más de un millón de trabajadores que de esta forma verán diferida en el tiempo la restitución de sus acreencias, con el agravante de la demora en dictar el decreto reglamentario, la que habrá de sobrevenir hasta que la AFIP haga lo propio”, con “el deterioro del poder adquisitivo que ello supone ante el proceso inflacionario que se padece”.

A esto se suma que “el impuesto retenido en enero de este año ya ha sufrido una desvalorización importante, y esa pérdida de poder adquisitivo se acentuará aún más si se lo pretende diferir a lo largo del año”.

Además, agrega el proyecto de Resolución, “lo actuado por el Poder Ejecutivo implica un exceso reglamentario que contraviene el espíritu y el sentido mismo de la ley 27.617, que de ninguna manera habilitó que pudiera cuotificarse la restitución del impuesto retenido en exceso al aplicar las nuevas pautas”.

Y concluye, en este contexto, que “el artículo 9 del decreto 336/2021 resulta contrario al postulado del artículo 99 inciso 2 de la Constitución que, si bien le concede al Poder Ejecutivo la potestad de expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para poner en ejecución las leyes de la Nación, prohíbe que esa reglamentación pueda alterar el sentido de la norma”.