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El fiscal general Héctor Iturrioz investiga irregularidades en fondos destinados a la emergencia climática en Comodoro

La actuación de oficio se basa en denuncias públicas del funcionario nacional Lic. Fernando Alvarez de Celis

El fiscal general Héctor Iturrioz en el día de hoy mantuvo una entrevista con el Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, del Ministerio del Interior, Lic. Fernando Alvarez de Celis, en el marco de una investigación, iniciada de oficio, sobre contrataciones posteriores al temporal de 2017 que sufriera la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Sobre la entrevista realizada por el periodista Guillermo Costes, el fiscal explicó el motivo por el cual se da inicio a la actuación de oficio para investigar hechos en el marco de un contexto de emergencia social “tomé conocimiento la semana anterior, teniendo en cuenta que se publicó en 3 medios radiales casi de forma simultánea y un medio gráfico, y lo consulté con el procurador general sobre la necesidad de iniciar una investigación de oficio, si bien mi designación es transitoria, tengo la obligación en el momento de investigar los delitos contra la administración pública, y con el acuerdo del procurador, les damos inicio”.

A partir de las noticias de que se estaba produciendo actividades delictivas, en horas de la mañana estuvo presente el Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, del Ministerio del Interior, Lic. Fernando Alvarez de Celis, para declarar sobre la posibilidad de delito, y expresó el fiscal que el funcionario “ratificó sus dichos públicos, amplió información y narró hechos puntuales que acrecientan la posibilidad cierta de que así sea, aportó soporte documental, que acrecientan la hipótesis de delito, por eso la investigación es para determinar si existió delito”. A partir de un hecho con trascendencia periodística, decide actuar de oficio.

Puntualmente explicó que se convocó al  Álvarez de Celis porque manifestó públicamente que había “falta de transparencia en las contrataciones que implica irregularidades, se pone en vilo ante la falta de transparencia y la traslada a todo el proceso de remoción de barro con epicentro en el B° Juan XXIII”, el fiscal precisó que el ministro “contó  con hechos puntuales, y con fechas, hasta el monto que había estipulado, para hacer la remoción, fue a ver personalmente como se hacía el trabajo y advierte que había según le había indicado el vice intendente Luque que eran empresas que estaban trabajando sin percibir honorarios, y que en una primera evaluación no se condice los trabajos rentados,  si se les suma a los trabajos ad honorem, el monto excede por la cantidad de metros, por lo tanto hay que evaluar la cantidad de arena acumulada que había, y cuantos  camiones  necesitaban”.

Hay que verificar en la investigación cuánto se hizo de forma contratada y cuánto  gratis ( de forma voluntaria) y verificar si los números se condicen con el trabajo, el funcionario declaró que “tenían que contratar personas que tuvieron que inscribirse como monotributistas para el manejo de camiones ,y que él mismo como funcionario, ofreció camiones de vialidad nacional, pero que le dijeron que no hacía falta, y eso hay que investigar”. Por lo tanto hubo una oferta explicita de equipamiento proveniente de vialidad nacional para la remoción, pero le aseguraron que no era necesario, y eso amerita que se investigue.

El Fiscal Héctor Iturrioz explicó que “ésto se da en contexto de emergencia, gran parte de las causas que se investiga desde la UFE -Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública- están relacionados con un contexto de emergencia, porque se reblandece los procedimientos administrativos de contratación previos , y se usa muchas veces para defraudar al estado y ésto está acreditado,que lamentablemente la emergencia se usa para eso”.

Indicó que en principio se hizo una estipulación del precio inicial por el movimiento de tierra que demandaría unos 50 millones de pesos, en la entrevista con el Fiscal, Álvarez de Celis le expresó que ” cuando viene a realizar la supervisión sobre lo que habían gastado, 42 millones de pesos y que faltarían unos 20 millones de pesos más, él pide que lo justifique para pagar lo que resta pero que le especifique los que están trabajando gratis”, posteriormente consulta en la página institucional de una operadora local, donde constata que puso 45 camiones a disposición. Luego, el fiscal agrega los dichos de Álvarez de Celis “viene el pedido de 149 millones de pesos a Nación y de esos, 70 millones los pondría provincia, esa suma la consultó con vocales del tribunal de cuentas y muchas personas que están en lista que presentaron documentos al cobro finalmente el tribunal rechazó”. Porque una vez que desde la administración se concede un monto y no se los invierte “no puede ser devuelto, entonces tenia que poner un celo especial y por eso y finalmente indica que no se gastó el dinero que le pedían”, puntualizó.

Escucha el audio, cedido por el Ministerio Público Fiscal

 

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