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Política

Después de dos años, el Senado aprobó la extinción de dominio

El Senado aprobó esta madrugada y devolvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión el proyecto de ley de extinción de dominio acordado entre el PJ y el kirchnerismo y rechazado por Cambiemos.

La iniciativa modifica de manera sustancial el texto aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y busca acelerar la recuperación, a favor del Estado, de los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos.

La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 26 en contra tras casi cuatro horas de debate en la misma sesión en la que se dio luz verde al juez federal Claudio Bonadiopara allanar los domicilios particulares de Cristina Kirchner.

Ahora, el proyecto volverá a la Cámara baja, en donde el oficialismo promete insistir con la versión aprobada hace más de dos años, la cual fue duramente criticada por juristas y magistrados durante las exposiciones ante las comisiones del Senado.

El texto aprobado esta madrugada establece que la acción de extinción de dominio recién podrá iniciarse una vez que el juez decida la elevación a juicio oral de la causa penal. Es un cambio radical en relación a la versión aprobada por Diputados, que habilitaba el proceso con la simple imputación ante la Justicia.

Ante las críticas del oficialismo, el peronismo incluyó mecanismos destinados a agilizar el instituto del decomiso y estableció un sistema de “extinción de dominio anticipado” para los casos de flagrancia en el delito.

El oficialismo contrapuso un proyecto propio más en sintonía con lo que votó Diputados. La iniciativa, que salió de las comisiones como el segundo de tres dictámenes y que no llegó a votarse hoy, establecía la extinción de dominio como un proceso civil que se desarrollará en paralelo, y que incluso podría tener sentencia antes, a la causa en el fuero penal, indicó La Nación.

Además, contemplaba su aplicación con retroactividad, ya que permitía el inicio de la acción para extinguir la propiedad de los bienes obtenidos de manera ilícita en las causas penales que se encuentren en proceso o cuyas sentencias condenatorias no tengan más

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