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Inició el juicio oral contra Buzzi y Di Pierro por una demanda de un terreno fiscal

A los ex intendentes de la ciudad de Comodoro Rivadavia se les imputa el delito de desobediencia judicial, a raíz de un largo litigio iniciado por un vecino de la ciudad, quien ganó un juicio al municipio por la propiedad de un lote fiscal.

Este lunes en horas de la mañana, en los tribunales de Comodoro Rivadavia, se dio inicio al juicio oral y público contra los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro.

Pasadas las 9 de la mañana comenzó el debate por una demanda iniciada años atrás por un particular ante la falta de entrega de un terreno fiscal del barrio Industrial.

El delito que se les imputa a Buzzi y Di Pierro es por desobediencia judicial a raíz de un largo litigio iniciado hace casi dos décadas, por Idalio Dos Santos Pires, quien ganó un juicio al municipio por la propiedad de un lote fiscal. Sin embargo, esa tierra no le fue entregada, de allí el origen de la denuncia penal por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia judicial”.

El 2 de diciembre del 2019, los miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dieron a conocer la sentencia referida al recurso extraordinario presentado por la defensa de Buzzi y Di Pierro, para ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en contra de la Sentencia que declaró procedente la impugnación de la querella, y resolvió el reenvío del caso a la Oficina Judicial de Comodoro para el comienzo del juicio oral.

El recurso extraordinario fue presentado por el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca.

Los jueces de la Sala Penal Mario Vivas y Alejandro Panizzi sostuvieron en su fallo que “el éxito de las instancias depende de que ellas hagan una crítica prolija de la resolución recurrida, pues el apelante debe rebatir todos los fundamentos en que se apoya el Tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian. Entonces si no se demuestra que la decisión impugnada confirmó una sentencia producida dentro de un proceso legítimo, o que las pruebas fueron valoradas con arbitrariedad o padece un defecto en las normas sustantivas aplicadas, no se exhiben las razones que justican la intervención de la Corte Suprema”.

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