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Opinión

Marcos Peña reafirmó que Sierra Grande tendrá una central nuclear; prohibida por ley en Río Negro

Por Marcelo García (Exclusivo/EES)

A finales de mayo circuló la versión oficial de que quedarían suspendidos los proyectos del gobierno de Mauricio Macri para la construcción de dos nuevas centrales nucleares. Sin embargo, el Jefe de Gabinete Marcos Peña negó la “paralización” y “desinversión” en el informe realizado en el Senado.Por su parte, el procurador rionegrino avaló la ley que prohíbe edificarla una de esas centrales en Sierra Grande.

El anticipo de El Extremo Sur sobre las intenciones del Gobierno nacional de Mauricio Macri de concretar la explotación de uranio en la Meseta Central de Chubut con una empresa rusa y avanzar en la edificación de dos nuevas centrales nucleares con capitales chinos y rusos –incluyendo una en Río Negro–, disparó en su momento una versión oficial de que las mismas habían sido canceladas por la administración de Cambiemos.

Llamativamente, al responder en el Senado una pregunta sobre la construcción de dos nuevas centrales nucleares que le realizó la legisladora rionegrina Lucía Crexell (Movimiento Popular Neuquino), Marcos Peña negó que se hayan cancelado los proyectos IV y V, asegurando que “resulta cuanto menos inexacto hablar de ‘desinversión’ o ‘paralización’”.

El jefe de Gabinete puso énfasis en que “en un marco de excelente relación y entendimiento con la contraparte china, la reprogramación está siendo negociada, mientras Nucleoeléctrica y CNNC continúan avanzando con los contratos comerciales”.

En el Informe 111 efectuado el 26 de junio pasado en el Congreso de la Nación, el funcionario de Cambiemos remarcó que “El proyecto para la construcción de la IV y la V centrales nucleares, debido a su significativo impacto presupuestario de corto plazo y a la importancia de alinear los proyectos de desarrollo de infraestructura con los parámetros de la política fiscal, se encuentra en proceso de revisión”; para luego agregar que “Es de vital relevancia, por último, que las inversiones tengan un marco de referencia basado en la factibilidad de los proyectos”.

Revés judicial rionegrino

Bien conocidas son las intenciones del Gobierno nacional de concretar la construcción de una nueva central nuclear en la localidad de Sierra Grande, sobre la zona costera rionegrina. La existencia de una ley que prohíbe el avance en el tema nuclear y el fuerte rechazo social ha frustrado por ahora el intento macrista de desembarcar en la Patagonia con esa central.

En las últimas horas, el procurador rionegrino Jorge Crespo emitió dictamen a raíz de la presentación del intendente de Sierra Grande para que se habilite la construcción. Según reveló el sitio web Va Con Firma, el funcionario judicial sostuvo que la ley “fue dictada de acuerdo a las facultades otorgadas al Poder Legislativo” y ahora la controversia deberá ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia.

El duro revés recibido por el jefe comunal de Sierra Grande Nelson Iribarren también golpea de lleno al Gobierno nacional, quien insiste con tozudez en ubicar en Río Negro la quinta central nuclear, posición que había sido defendida fervientemente por el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

El dictamen del procurador General indicó que la Ley 5.227 fue “dictada merced a las facultades otorgadas por la Constitución Provincial al Poder Legislativo” y que “goza de la respectiva presunción de legitimidad y sobre la cual el accionante no ha evidenciado en el caso bajo análisis la hipotética colisión que podría tener con la Carta fundamental”.

Crespo advirtió que “para el caso que ese cuerpo (STJ) estimara que el accionante se encuentra legitimado, considero de conformidad a lo antes manifestado que la acción resulta formalmente improcedente”.

Vale recordar que tras varias oscilaciones en torno de la localización de la quinta central nuclear, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck terminó negando la posibilidad como consecuencia del amplio rechazo popular provincial al que se sumaron la Iglesia Católica, organizaciones ambientalistas, partidos políticos y sindicatos rionegrinos.

Mientras tanto, el intendente Iribarren gestiona una audiencia a través de diputado nacional Sergio Wisky (Cambiemos), con Javier Iguacel, el flamante titular de Energía de la Nación, para conocer su plan en materia energética.

Revulsiva respuesta mediática

Tras la publicación del informe de EES el pasado 18 de mayo, ese mismo día por la noche Clarín anunció en su página web que la construcción de las centrales nucleares IV y V había sido cancelada como consecuencia del ajuste que impulsa Nación para recortar el gasto público.

“La crisis de financiamiento y el anunciado ajuste ya pegó de lleno en los planes de desarrollo energético. Para evitar un endeudamiento de u$s 12.500 millones con China, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la construcción de la cuarta y de la quinta centrales nucleares. Las obras de la cuarta, Atucha III a instalarse en Lima, Zárate, se consideraban de inicio inminente e iban a generar más de 5 mil puestos de trabajo”, afirmó Clarín.

Según el diario, la suspensión de los planes nucleares “fue confirmada a Clarín por fuentes de la Cancillería y también de la Jefatura de Gabinete. ‘Por ahora todo suspendido, se evaluará más adelante’, dijeron cerca del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Incluyeron en esto a la quinta central frente a informaciones iniciales de que el proyecto seguía en pie para después de 2022”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda liderado por Nicolás Dujovne habían  asegurado al diario Río Negro que la revisión corresponde a todos los nuevos créditos a tomar desde el exterior. “Los que ya están en curso no se tocan. Todo aquello que está en carpeta tendrá una revisión. Hoy nuestras prioridades son otras”, argumentaron desde el área económica.

Aunque la “revisión” macrista de las inversiones no implica la cancelación de los acuerdos con China para edificar dos centrales nucleares –en especial la rionegrina-, ni tampoco un freno a la avanzada rusa para extraer el uranio chubutense; la política de ajuste del gasto público, las trabas judiciales y el fuerte rechazo social puede demoren la concreción de los proyectos pero como confirmó el propio Peña no los han desactivado por completo.

 

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