La salud pública vuelve a estar marcada por una medida de fuerza en reclamo por incumplimientos por parte del Gobierno provincial. La Asociación Gremial Médica de Chubut anunció un paro para el 14 y 15 de agosto que implicará una cobertura única y exclusiva de guardias mínimas e indispensables de los servicios.
La acción afectará directamente a los centros de salud y los consultorios debido al incumplimiento en los deberes y obligaciones por parte del Estado, los pedidos de contratación de profesionales, cuestiones edilicias y de seguridad, y el descuento del 2% a los afiliados que son parte de los gremios de salud de la provincia: ATE, UPCN, SISAP, ATSA y SOYEAP.
“Esta medida fue pactada entre los representantes del resto de los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud y el Estado Provincial, en una clara maniobra disfrazada para avanzar, una vez más, sobre los derechos de nuestra organización gremial, y de nuestros afiliados y afiliadas”, subrayaron desde la entidad gremial. “Viola la garantía de libertad sindical, así como el derecho al salario y de propiedad, al imponer mediante este descuento compulsivo sobre nuestros afiliados un doble descuento (cuota sindical y solidaria) que no pesa sobre los afiliados a otras organizaciones gremiales (solo abonan la cuota sindical) ni sobre los no afiliados a ninguna (abonan solo cuota solidaria), cuya recaudación millonaria será ingresada directamente a las arcas del Ministerio de Salud, ATE, UPCN, SISAP, ATSA y SOYEAP”, denunciaron.
Desde la Asociación anunciaron que promoverán un amparo sindical y una querella por “acción desleal” contra la Provincia de Chubut, con el objetivo de hacer cesar en forma inmediata los descuentos y requerir la devolución de todo lo descontado.
“En esa acción solicitaremos el cese de las prácticas desleales y antisindicales llevadas a cabo por el Gobierno Provincial, en particular a través del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Cristian Ayala, en colaboración con el secretario de Trabajo, José Gaud, y la aplicación de las sanciones más gravosas prevista por la Ley 23.551 para este tipo de procederes”, afirmaron.
Además, sostuvieron que pedirán que se declare la nulidad e ilegalidad del accionar desplegado por el Estado Provincial y los sindicatos involucrados en “esta maniobra carente de todo sustento jurídico, ético y moral”.
