“Nosotros consideramos que estamos enfrentando dos problemas básicos, uno dentro de la ley de alquileres, que fue lo que discutimos en Congreso y en la Secretaria de Comercio de la Nación, es tener dentro de la ley de alquileres un sistema duro de aumentos cuando nosotros lo que pedíamos era la federalización de cada problemática y que cada región pueda llegar a mesas de dialogo para ir construyendo un incremento que no afecte tanto a las distintas regiones.”
Rebeca mencionó que esto no fu tomado en cuenta, pero si se tomó en cuenta en el Congreso que con la reforma, se pretende introducir a que el Índice para Contratos de Locación (ICL) funcione como un techo de inflación.
“O sea que las partes puedan contratar por debajo de ese precio inflacionario.”
“Esta situación esta llevando a las familias a no poder alquilar, una disminución en la calidad de vida en los trabajadores formales, y es muy preocupante, porque el costo de vida ha superado las paritarias salariales.”
Por otro lado el otro problema que enfrentan es la informalidad de los contratos.
“Hay algo que hemos llamado violencia habitacional, que es el desapego del propietario a entender la norma como de orden publico. Nos encontramos batallando contra situaciones que son inhumanas.”
Rebeca informó que se enfrentan a situaciones donde teniendo un contrato formalizado, el dueño del lugar decide después de unos meses de alquilar, que no quiere que la persona continúe en el lugar, simplemente porque no tiene ganas de que la persona siga en ese lugar.
“Hay herramientas y hay que ponerlas en ejercicio, sobre todo las denuncias, tanto hacia las inmobiliarias como a los propietarios.”
“Hay que denunciar a la policía y nosotros lo que hacemos es asesorar y derivar a las distintas instituciones que llevan adelante el tratamiento de los casos.”
“El estado como garante de derecho no está funcionando.”
