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Aprobaron el cambio de procedimiento para autorizar subas en los servicios públicos

Se aprobó por mayoría con 5 votos en contra -con uno del oficialismo- y 7 a favor.

Por mayoría se aprobó el proyecto del nuevo procedimiento para la adecuación tarifaria de los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y distribución de agua y cloacas que son distribuidos por la SCPL. La votación terminó con 7 votos a favor y 5 en contra, incluyendo voto negativo de un concejal del oficialismo.

El concejal del Frente de Todos, Marcos Panquilto cuestionó que se haya dado un tratamiento “express” y que diez minutos antes de comenzar la sesión fuera modificado, cuando merecía un debate más profundo, así planteó en el recinto que  “en la ordenanza se está sacando facultad al poder legislativo, con esta nueva adecuación los concejales que representamos a los vecinos solo aprobaremos y desaprobaremos la tarifa que fijan el Ejecutivo y el Ente de Control y se agrega el VAD (valor agregado de distribución). El Concejo Deliberante tiene que seguir fijando las tarifas, se está avasallando la Carta Orgánica Municipal, y estamos para defender el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa”.

En una opinión enfrentada, la concejal del Frente de Todos, Viviana Navarro defendió el proyecto y manifestó que “hay cuestiones que no las maneja nadie, ni la cooperativa, que es el precio que fija la distribuidora y las paritarias. El concejo de administración de la SCPL no se levanta un día y dicen de ahora en más aumentemos”, y advirtió: “las cooperativas pueden salir del esquema de CAMMESA y comprar energía a FUTA que vende a un precio más barato o a ALUAR, pero necesitaríamos algunas decisiones políticas”.

Acompañando la postura de Navarro, el concejal Gustavo Reyes señaló que “cuando se sancionó la ordenanza 60550-2 no se reconoce el componente VAD, y con este proyecto tuvimos muchas objeciones pero no veo que se avasalle las facultades del Concejo, pasará dos veces por el Concejo Deliberante”. Y agregó que con ésta nueva normativa se puede sancionar al organismo por incumplir con el contrato.